El procurador de Unidas-Podemos por Valladolid, Pablo Fernández, ha registrado este miércoles una proposición de ley de reforma de la Ley de Publicidad Institucional que incluiría un nuevo apartado para que se prohíba la contratación de cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional con medios de comunicación social que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y la propia imagen de las personas o por delitos de odio.
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